Contextos de servicio público
La interpretación de lenguas de signos se lleva a cabo en muchos contextos de servicio público, por ejemplo, en la reunión de un padre o una madre sordos con el profesorado de la escuela de su hijo o hija oyente, en una consulta médica o en un funeral. En estas situaciones, los intérpretes de lenguas de signos permiten a las personas sordas, con dificultades auditivas o sordociegas que usan lenguaje de signos comunicarse con personas que no conocen su lengua.
Normalmente, las reuniones breves (de hasta una hora) sin requisitos especiales pueden cubrirse con un solo intérprete. En situaciones comunicativas más largas, como puede ser la reunión de un concejo municipal, suele ser necesario que al menos dos intérpretes trabajen juntos.
Dado que muchas interacciones en el marco de servicios públicos tienen lugar entre dos personas, quienes no estén familiarizados con la interpretación de lenguas de signos pueden creer que el intérprete es un participante más. En realidad, la función del intérprete es únicamente la de permitir la comunicación, no contribuir a la conversación. Su tarea consiste en proporcionar una interpretación precisa y culturalmente adecuada, manteniendo al mismo tiempo la confidencialidad.
Las lenguas de signos no son universales. Antes de solicitar un servicio de interpretación, los clientes deben confirmar qué lenguas de signos y habladas se utilizarán en la reunión, y deben asegurarse de que se contraten intérpretes debidamente formados y cualificados. Puede ser que las personas que usan lenguaje de signos prefieran recomendar a los intérpretes con los que trabajen habitualmente. Proporcionar un breve resumen del contenido de la reunión ayuda a los intérpretes a prepararse eficazmente. Aunque los intérpretes están capacitados para interpretar sobre una amplia gama de temas, es importante comprobar sus cualificaciones y conocimientos específicos para la tarea en cuestión.
Muchos países de la UE cuentan con legislación y normas para garantizar que las personas sordas, con dificultades auditivas o sordociegas tengan acceso a la interpretación de lenguas de signos. El alcance de las disposiciones varía de un país a otro y puede ser limitado, por ejemplo, en lo que respecta al número de horas de interpretación gratuitas o a la disponibilidad de intérpretes.
Contextos jurídicos
Los intérpretes de lenguas de signos trabajan en diversos contextos jurídicos, desde salas de vistas a comisarías de policía. Un intérprete debe poseer cualificaciones específicas para trabajar en el ámbito jurídico, lo que normalmente puede verificarse a través de un registro nacional de intérpretes jurados o de un sistema de certificación nacional o regional comparable.
Los intérpretes están sujetos a un código de conducta profesional que abarca la confidencialidad, la imparcialidad, la exactitud y la fidelidad. Por ejemplo, el Code of Conduct for Registrants and Regulated Trainees del registro nacional de profesionales del ámbito de la comunicación que trabajan con personas sordas y sordociegas del Reino Unido, y el código de conducta del registro de intérpretes de lengua de signos irlandesa. En tales códigos:
- se establecen obligaciones en materia de confidencialidad, imparcialidad, exactitud y competencia profesional (incluido el desarrollo profesional continuo);
- se esbozan mecanismos para gestionar los conflictos de intereses y las reclamaciones.
En función de la situación, pueden ser necesarios uno o dos intérpretes. Los requisitos relativos a los servicios de interpretación se establecen de conformidad con las normas nacionales del país en el que se lleva a cabo el procedimiento. En los procesos penales, se aplica la Directiva 2010/64/UE, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales; también en los relacionados con órdenes de detención europeas.
JUSTISIGNS
JUSTISIGNS es una iniciativa financiada por la UE que determina las capacidades necesarias para la interpretación de lenguas de signos en contextos jurídicos y ofrece formación a intérpretes cualificados y en prácticas.
El proyecto pone de relieve una cuestión fundamental: las leyes se aplican a menudo sobre la base de supuestos en los que no se tiene en cuenta a las personas sordas y no se presta atención a las realidades culturales, lingüísticas y sociales de estas. Estos supuestos pueden dar lugar a un acceso desigual a la justicia y socavar el principio de que la justicia protege los derechos individuales de las personas sordas.
JUSTISIGNS ha determinado varios factores que contribuyen a esta situación, entre ellos:
- el estatus limitado o no reconocido de las lenguas de signos, que restringe el acceso a la información en todas las etapas del proceso jurídico;
- una comprensión limitada, en los contextos jurídicos, de las limitaciones a la hora de interpretar entre dos lenguas (unas dificultades que se ven acentuadas al trabajar entre una lengua oral y una lengua de signos);
- la limitada sensibilización de los profesionales del ámbito de la justicia en lo que respecta al trasfondo histórico, educativo y cultural de las personas sordas.
Estos factores destacan la importancia de garantizar que las personas que usan lenguaje de signos tengan acceso a intérpretes de lenguas de signos cualificados en los contextos jurídicos.